El gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó como bolsa “paralela” los recursos multimillonarios del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Obtenidos de los cobros de peaje en los 45 tramos carreteros y tres puentes integrados a ese fideicomiso. Entre otras anomalías, el fideicomiso también aprobó entre 2013 y 2018 la aportación de más de 150 millones de dólares.



A los fondos de inversión Balam Fund I y Activos Turísticos de México (Actur) de la firma BK Partners. Encabezada por el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del rey Juan Carlos de España, detalla (Proceso en su edición 2179).

Balam Fund I lanzó controvertidos proyectos de generación de energía –como Eólica del Sur, en Oaxaca. Mientras Actur se incorporó para apoyar los megaproyectos turísticos de BK Partners en México, entre ellos el desarrollo de hoteles de lujo en Jalisco y Nayarit.



Así como la adquisición del complejo Mayakobá, en la Rivera Maya, a la empresa española OHL en enero de 2018. Directivos de OHL solían invitar a funcionarios cercanos a Peña Nieto al complejo de Mayakobá.

Entre ellos a Gerardo Ruiz Esparza, el extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Quien posteriormente dijo al respecto que rechazó “personalmente” la oferta de la empresa de cubrir sus gastos de vacaciones. Así como Luis Enrique Miranda Nava, hoy extitular de Sedesol, y Apolinar Mena, exsecretario de Comunicaciones del Estado de México.

Los directivos de BK Partners manejaron sus operaciones de inversión en Actur a través de la empresa Rasa Land Investors Plc. Una empresa de papel incorporada en el paraíso fiscal de Malta.
No solamente fue Fonadin

El Fonadin no fue el único ente ­público en otorgar recursos del erario a Actur: ­también lo hizo el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

Que invirtió 89 millones de dólares de los ahorros de los burócratas jaliscienses para financiar los proyectos turísticos de Chalacatepec.

Como fideicomiso público no paraestatal, del que Banobras es fiduciario, el Fonadin no tiene estructura orgánica ni es considerado paraestatal. Por lo cual no está sujeto a auditorías o revisiones externas: en 2017, cuando trató de investigar acerca de las gestiones internas del Fonadin.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se enfrentó con dicha opacidad y arbitrariedad.
Además, en noviembre pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que el fideicomiso arrastra pasivos por 251 mil 961 millones de pesos.

Que no se reconocen como deuda pública a pesar de ser respaldados por el gobierno federal.

Esto, denunció la ASF, “ha provocado opacidad en la administración de los recursos del fideicomiso en términos de aprobación del gasto, transparencia y rendición de cuentas”.
Con información de: Agencias

El Fonadin, otra descomunal corrupción de la gestión de Peña Nieto


El gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó como bolsa “paralela” los recursos multimillonarios del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Obtenidos de los cobros de peaje en los 45 tramos carreteros y tres puentes integrados a ese fideicomiso. Entre otras anomalías, el fideicomiso también aprobó entre 2013 y 2018 la aportación de más de 150 millones de dólares.



A los fondos de inversión Balam Fund I y Activos Turísticos de México (Actur) de la firma BK Partners. Encabezada por el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del rey Juan Carlos de España, detalla (Proceso en su edición 2179).

Balam Fund I lanzó controvertidos proyectos de generación de energía –como Eólica del Sur, en Oaxaca. Mientras Actur se incorporó para apoyar los megaproyectos turísticos de BK Partners en México, entre ellos el desarrollo de hoteles de lujo en Jalisco y Nayarit.



Así como la adquisición del complejo Mayakobá, en la Rivera Maya, a la empresa española OHL en enero de 2018. Directivos de OHL solían invitar a funcionarios cercanos a Peña Nieto al complejo de Mayakobá.

Entre ellos a Gerardo Ruiz Esparza, el extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Quien posteriormente dijo al respecto que rechazó “personalmente” la oferta de la empresa de cubrir sus gastos de vacaciones. Así como Luis Enrique Miranda Nava, hoy extitular de Sedesol, y Apolinar Mena, exsecretario de Comunicaciones del Estado de México.

Los directivos de BK Partners manejaron sus operaciones de inversión en Actur a través de la empresa Rasa Land Investors Plc. Una empresa de papel incorporada en el paraíso fiscal de Malta.
No solamente fue Fonadin

El Fonadin no fue el único ente ­público en otorgar recursos del erario a Actur: ­también lo hizo el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

Que invirtió 89 millones de dólares de los ahorros de los burócratas jaliscienses para financiar los proyectos turísticos de Chalacatepec.

Como fideicomiso público no paraestatal, del que Banobras es fiduciario, el Fonadin no tiene estructura orgánica ni es considerado paraestatal. Por lo cual no está sujeto a auditorías o revisiones externas: en 2017, cuando trató de investigar acerca de las gestiones internas del Fonadin.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se enfrentó con dicha opacidad y arbitrariedad.
Además, en noviembre pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que el fideicomiso arrastra pasivos por 251 mil 961 millones de pesos.

Que no se reconocen como deuda pública a pesar de ser respaldados por el gobierno federal.

Esto, denunció la ASF, “ha provocado opacidad en la administración de los recursos del fideicomiso en términos de aprobación del gasto, transparencia y rendición de cuentas”.
Con información de: Agencias

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